Un “plan criminal” para “controlar” el Granada y “defraudar” millones con el traspaso de futbolistas | Deportes

El empresario italiano Gino Pozzo, acusado por su desembarco en el Granada C. F., durante un partido del Watford inglés, en 2019.Richard Heathcote (Getty Images)

Tras las cuentas del Granada C. F. se escondía la cara más oscura del fútbol: ansias de dinero “ilícito”, estructuras societarias “opacas”, una falta de “cultura ética”… Esa es la gran conclusión a la que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción en la Operación Líbero, una investigación judicial que coloca en la diana a Gino Pozzo, propietario del Watford inglés y miembro del clan que controla el Udinese italiano, y a Enrique Pina Campuzano, alias Quique Pina, el empresario que presidió el equipo andaluz de 2009 a 2016. Según el ministerio público, que pide 12 años de cárcel para ellos, ambos ejecutaron un “plan criminal a largo plazo” para hacerse con el control del club y defraudar millones a Hacienda mediante “complejos” movimientos de dinero ligados al fichaje de jugadores a través de una trama de empresas.

Tras más de un lustro de pesquisas, la Fiscalía ya ha puesto sobre la mesa su escrito de acusación en este sumario, que se encuentra pendiente de juicio (el instructor ha dictado auto de apertura de vista oral hace unos días) y que ha sido impulsado por la Audiencia Nacional. Una investigación que supuso el encarcelamiento preventivo de Pina en 2018. “Los acusados pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo que, a partir de la toma del control del Granada C. F. en 2009 y mediante la ejecución de una compleja estrategia, les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública nacional”, resume el documento firmado por Anticorrupción, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Para ello, añade el ministerio público, los sospechosos “vaciaron la tesorería del club” y “simularon” que necesitaban una vía de financiación a través de una compañía luxemburguesa, Fifteen Securitisation, que permitía al equipo andaluz “acometer el fichaje de un conjunto de jugadores profesionales a cambio del 95% del importe de sus futuros” traspasos a otros clubes.

De esta forma, mientras en el ámbito deportivo se perfilaba el ascenso meteórico del Granada —que en solo dos años pasó de Segunda B a Primera División, donde se consolidó—, en los despachos se gestaba una presunta maquinaria con tentáculos internacionales (en Italia, Luxemburgo o Emiratos Árabes) para “ocultar” datos a las autoridades y los beneficios obtenidos con la compraventa de jugadores. Anticorrupción calcula que, al menos, se dejaron de pagar casi 9,5 millones de euros a Hacienda por los Impuestos de Sociedades de 2013, 2014 y 2015.

En su escrito, la Fiscalía pide 12 años de cárcel para Pozzo, Pina y los otros dos acusados: Raffaele de la Riva, administrador de la empresa luxemburguesa usada como supuesta pantalla; y Jordi Trilles, colaborador del directivo italiano y antiguo consejero del Granada. Anticorrupción reclama igualmente que les impongan multas millonarias a todos ellos: 36,5 millones de euros al hijo del dueño del Udinese, al que señala como cabecilla; y 27,5 millones a los otros tres, a los que define como “cooperadores”. Por su parte, el ministerio público solicita a la Audiencia Nacional que se condene al Granada como persona jurídica a pagar una multa de casi 27 millones de euros por tres delitos fiscales. A todos, además, se les reclama que abonen los casi 9,5 millones (más intereses) defraudados en cuotas del Impuesto de Sociedades.

Fuentes del entorno de Enrique Pina insisten en que las acusaciones no tienen fundamento y que, en el caso del empresario español, este solo se dedicó a la gestión deportiva. Además, recuerdan que el juez instructor llegó a archivar la causa, que fue reabierta posteriormente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Pozzo a través del club inglés que posee.

En el centro, con los brazos cruzados, Enrique Pina, en el palco de autoridades del Granada F. C., en 2014.

Este proceso judicial coloca especialmente a Quique Pina contra las cuerdas. Como avanzó EL PAÍS, la Audiencia Nacional ya lo condenó a finales de 2022 a nueve meses de prisión por urdir una trama paralela, junto a sus padres y su hermana, para evitar pagar 3,2 millones de euros que debían abonar a Hacienda como antiguos responsables del C. F. Ciudad de Murcia, que el empresario también presidió. En aquel caso (una derivada de esta Operación Líbero que lo cerca junto a Pozzo), Pina decidió pactar con la Fiscalía para asegurarse una pena mínima —que le evitaba entrar entonces en la cárcel—, admitiendo así las “maniobras de vaciamiento patrimonial” que impulsó para esconder su fortuna mientras llevaba una vida a todo tren —que incluía el disfrute de vehículos de alta gama (Porsche, Aston Martin…) o un yate de 500.000 euros llamado El Duende—.

Toma de control del Granada

El relato de Anticorrupción sitúa el origen de la trama en 2009, cuando el Granada se encontraba hundido en la Segunda División B del fútbol español y atravesaba importantes “dificultades económicas que hacían peligrar su continuidad”. Los entonces responsables del club buscaban, mediante un concurso de acreedores, crear un “escenario adecuado” para resolver los problemas y conseguir así poner en marcha un nuevo proyecto deportivo que fuera “económicamente viable”. Un caldo de cultivo que propició el desembarco de Gino Pozzo y sus colaboradores a través de un “conjunto de estructuras opacas”.

Según la acusación, los sospechosos idearon un plan para hacerse primero con el “control del proceso concursal” — adquiriendo “un importante porcentaje de los créditos” que arrastraba el club—, que les permitiría a posteriori ascender hasta la cúpula del equipo andaluz. Para ello, usaron presuntamente una empresa vinculada a Pozzo, Daxian 2009 S. L., en la que se situó como administrador a Pina, a quien se le nombraría después presidente del Granada y se le otorgarían “plenos poderes” en materia deportiva. El nombre de Pina, un exfutbolista que nunca llegó a la élite, ya resonaba en aquella época en los despachos por su trayectoria al frente del Ciudad de Murcia. La Fiscalía subraya que todas estas maniobras, que se siguieron al “milímetro”, se encuentran detalladas en un correo electrónico intervenido a De la Riva y enviado a Pozzo, entre otros.

El presunto grupo “criminal”, infiltrado ya, pidió ejecutar el concurso de acreedores y comenzó a desplegar de inmediato los primeros “artificios contables”. Adquirió, por ejemplo, los derechos sobre 12 jugadores de la plantilla a través de una empresa radicada en los Emiratos Árabes Unidos —por los que se pactó un precio de 8,6 millones de euros—, según el escrito de acusación, con “la vista puesta en la futura conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva” y con el objetivo de “reducir artificialmente la cifra de capital social mínimo” que se le iba a exigir.

“Estrategia de defraudación”

Una vez superada esta fase y con el club bajo control, los sospechosos activaron supuestamente la segunda parte del plan y comenzaron a “materializar la estrategia de defraudación”. Según Anticorrupción, utilizaban una red de sociedades “instrumentales” para “vaciar la tesorería del club” y aparentar que necesitaba una vía de financiación externa para adquirir los derechos de jugadores, que cubría la compañía luxemburguesa Fifteen Securitisation. Sin embargo, la “mayor parte” de los fondos que aportaba dicha mercantil procedían realmente del propio Granada, del que habían sido extraídos previamente.

“Una vez creado este escenario, se llevó a cabo la estrategia fraudulenta mediante la ejecución planificada de un conjunto de operaciones de fichajes y traspasos de futbolistas profesionales”, prosigue el escrito de acusación de la Fiscalía, que añade: “Para ello, los acusados hubieron de controlar minuciosamente una multitud de variables que afectará a un amplio conjunto de jugadores y a un gran número de entidades instrumentales: los contratos que se han de suscribir con los futbolistas, su importe, las fechas, los movimientos de fondos que se van a utilizar, las entidades instrumentales por las que se hacen transitar esos fondos, con la necesaria sincronización de pagos y cobros, y la contabilización de las operaciones entre el Granada y Fifteen Securitisation”. Unos “complejos movimientos de fondos” que “carecían en realidad de toda lógica deportiva y económica”, pero que les permitía no tributar “en España por las plusvalías”.

Traspasos bajo sospecha

La Fiscalía pone bajo sospecha traspasos de jugadores, al menos, desde 2013 a 2016, por los que no se tributó a Hacienda: entre ellos, los de Guilherme Magdalena Siqueira (al Atlético de Madrid por nueve millones); Daniel Pudil (al Watford por 1,5 millones); Allan Marques Loureiro (al Napoli por 14,1 millones); Jeison Fabián Murillo (al Inter por ocho millones); Yacine Brahimi (al Porto por nueve millones, “aunque se declaró por 6,5 millones”); y Mikel Rico (al Athletic Club de Bilbao por 2,45 millones). Igualmente, se sitúa el foco en la relación tejida entre el Granada y el Udinese, entre los que se estableció también un intenso flujo de dinero y futbolistas.

En 2016, el Granada fue vendido al grupo de inversión chino Wuhan DDMC Football Club Management.

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